Columna de Análisis por Diana Paola Basto Castro

Directora General Alianza Educativa

Garantizar el derecho a una educación de excelencia en Colombia requiere de esfuerzos colectivos que trasciendan las discusiones sobre la responsabilidad del sector público y privado. En este momento, la verdadera urgencia nacional no radica en cómo mejorar la infraestructura escolar, sino en cómo fortalecer la enseñanza y el aprendizaje en la gestión diaria dentro del aula para cerrar las brechas que limitan el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Si concebimos la educación pública como una gran “escalera de oportunidades” orientada a la movilidad social, el gran desafío del país está en consolidar la calidad, pertinencia y permanencia en sus peldaños más críticos. Las métricas nacionales no son favorables; nuestro sistema educativo no le está cumpliendo a la infancia, y esta situación debe movilizarnos para actuar con decisión frente a desafíos comunes: generar altas expectativas en las aulas, cerrar brechas y mejorar de forma sostenida los aprendizajes, mitigar el riesgo de deserción y trazar trayectorias inclusivas que posibiliten el tránsito a educación  posmedia en contextos de alta vulnerabilidad.

El embudo de la educación en Colombia es una realidad crítica que desmantela el futuro de las nuevas generaciones: de cada 100 niños que ingresan con ilusión a primer grado, solo 44 logran graduarse del colegio. El filtro de la desigualdad se agudiza drásticamente en la etapa posterior, pues de esos escasos graduados, apenas el 39% accede a la universidad —dejando una tasa de ingreso real de solo 17 estudiantes por cada 100 iniciales— y, finalmente, apenas el 40% de ese grupo selecto consigue culminar su carrera. Al final de la trayectoria, el sistema permite que solo 6 de cada 100 niños consoliden una ruta de éxito educativo. Romper esta tendencia estructural de exclusión exige modificar urgentemente la forma en que administramos la escuela pública, transformando ese filtro adverso en una plataforma real de logro, retención y egreso exitoso.

Como respuesta colaborativa a estos desafíos, el modelo de Colegios en Administración se ha consolidado como una sinergia de impacto social profundo que busca evidenciar que sí es posible ofrecer una educación pública de calidad que permita a los jóvenes construir proyectos de vida exitosos, complementando y robusteciendo la oferta del Estado, no sustituyéndola. Para construir un diálogo constructivo sobre este esquema, es fundamental precisar su naturaleza técnica. No estamos, bajo ninguna circunstancia, ante un proceso de privatización ni ante un sistema de subsidios o bonos escolares. Las instituciones bajo el modelo de administración son y seguirán siendo colegios públicos de libre acceso y con absoluta gratuidad para las familias. Las Secretarías de Educación mantienen de manera permanente la propiedad de la infraestructura, la financiación de la canasta educativa, la regulación y una estricta supervisión basada en indicadores de eficiencia. Lo que se aporta es un modelo de operación integral en el que se delega la gestión operativa a entidades sin ánimo de lucro con una trayectoria de calidad comprobada, encargadas de liderar y hacer realidad el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de cada colegio, gestionar el talento humano y garantizar una inversión transparente y eficiente de los recursos públicos.

Este engranaje posee un sustento normativo maduro en el ordenamiento jurídico colombiano. Se fundamenta en el artículo 67 de la Constitución Política de 1991, que define a la educación como un servicio público con responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad y la familia. Asimismo, encuentra su viabilidad técnica en la Ley 115 de 1994, la Ley 715 de 2001 (artículo 27) —que faculta la contratación con operadores idóneos para atender necesidades del servicio— y los Decretos 1851 y 1075 que reglamentan sus estándares de calidad. La gobernanza funciona de manera armónica: el Estado planifica y financia; el operador aporta agilidad administrativa y rigurosidad pedagógica; y la comunidad educativa, principalmente los estudiantes, permanece en el centro de la misión.

El gran laboratorio de escala de este modelo ha sido Bogotá. En 2024, el modelo demostró su capacidad de cobertura al atender a 38.600 estudiantes a través de una red de 35 instituciones. Un factor clave en este esquema es que la mayoría de estos colegios operan bajo la modalidad de Jornada Única, lo que permite maximizar el tiempo efectivo de aprendizaje y consolidar un entorno protector para los estudiantes durante toda la jornada.

La evidencia empírica acumulada refleja que esta administración enfocada en la calidad genera resultados integrales en múltiples dimensiones. Un riguroso Estudio de Impacto desarrollado por la Universidad de Vanderbilt e IPA Colombia arrojó datos significativos: los estudiantes de colegios en administración obtienen mejores resultados en habilidades cognitivas y socioemocionales; estas instituciones ofrecen más días de formación a sus docentes; y solo el 10% de los padres o cuidadores de los planteles administrados quisiera cambiar a sus hijos de institución, frente al 37% registrado en colegios públicos comparables.

La experiencia de Alianza Educativa es una muestra contundente de este impacto positivo. Hoy, dos de nuestros colegios se encuentran en la categoría A+ de la clasificación de planteles del ICFES y siete en la categoría A; un hito relevante si se considera que en Colombia el 60% de los colegios oficiales se ubican en las categorías C y D de dicha clasificación. Además, la deserción escolar en nuestras aulas es prácticamente nula (0.01% para 2025), asegurando trayectorias efectivas. De igual manera, se registran tasas excepcionalmente bajas en problemáticas asociadas a riesgos psicosociales, propiciando ambientes seguros, orientados al bienestar y el aprendizaje de TODOS los estudiantes.

Estos resultados son posibles a través de programas que atienden de forma oportuna cada eslabón del aprendizaje. Entendemos que la equidad comienza por mitigar rezagos a tiempo; por ello, mediante iniciativas de alfabetización inicial y remediación como Aprendamos Todos a Leer (ATL) y Superaula, hemos logrado que solo el 10% de nuestros estudiantes de primer grado requiera apoyo adicional para continuar avanzando en la consolidación de sus competencias para la lectoescritura. Esta eficiencia académica se complementa con el programa socioemocional Navegar Seguro —alineado con la Ley 2383 de 2024— y con un riguroso Sistema de Acciones de Alto Impacto (SAAI), cuyo acompañamiento es valorado como vital para su crecimiento profesional por el 98% de nuestros docentes. Al asegurar las bases cognitivas, el soporte emocional y el fortalecimiento docente, la consecuencia natural es el siguiente escalón de un proyecto de vida exitoso: el 88.8% de nuestra promoción 2024 transitó hacia programas de educación superior y posmedia, superando la tasa de Bogotá de 63.5%.

Al analizar estos resultados, se hace evidente que el éxito no obedece a la naturaleza pública o privada de nuestra organización, sino a una cultura escolar fundamentada en las altas expectativas. Contamos con un modelo pedagógico que, basado en evidencia, pone el acento en la experiencia que ocurre dentro del aula, en una apuesta decidida por el bienestar emocional de la comunidad y en la convicción de que el fortalecimiento de las competencias disciplinares, pedagógicas y socioemocionales de los docentes es la llave maestra para que los estudiantes alcancen su máximo potencial.

Hacia adelante, el camino debe ser de articulación y aprendizaje compartido. El reto actual consiste en entender la evidencia acumulada y la experiencia como una oportunidad para fortalecer las capacidades del sistema educativo en general. Es en este escenario donde la trayectoria de Alianza Educativa adquiere valor como fuente de buenas prácticas replicables. Nuestro recorrido es el resultado de un compromiso de largo plazo respaldado por instituciones fundadoras de la más alta credibilidad y solidez en el país: la Universidad de los Andes, el Colegio San Carlos, el Colegio Los Nogales y el Colegio Gimnasio La Montaña. 

Consolidar este esfuerzo colaborativo demuestra que el camino hacia la equidad social no requiere reinventar el sistema, sino unir capacidades en torno a objetivos comunes. Es un llamado a que el sector público, la agenda empresarial y la sociedad civil sigan construyendo esquemas de corresponsabilidad. Los datos y la historia de Alianza Educativa demuestran con contundencia que la excelencia no tiene por qué ser una excepción ligada al origen socioeconómico, sino el estándar real, sostenible y alcanzable de la educación pública que todo el país merece.

Conoce la experiencia de Alianza Educativa en su Informe de gestión 2025:

https://alianzaeducativa.edu.co/informes-de-gestion/ 

Diana Paola Basto Castro es Directora General de Alianza Educativa, una organización sin ánimo de lucro que administra 11 colegios públicos en Bogotá y trabaja para garantizar una educación pública de alta calidad para más de 11.500 estudiantes y sus familias.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos directivos en instituciones como el Ministerio de Educación Nacional, donde lideró la implementación del programa Ser Pilo Paga, que amplió el acceso a la educación superior para miles de estudiantes de poblaciones históricamente excluidas. También fue Directora Ejecutiva de la Comisión Fulbright en Colombia, donde promovió la diversidad en el acceso a becas internacionales, y ocupó posiciones de liderazgo en el SENA, el British Council y Carnegie Mellon University.

Es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con una especialización en Evaluación Social de Proyectos de la Universidad de los Andes y una Maestría en Política Pública y Gestión de Carnegie Mellon University.